La segunda República y la Iglesia católica (J.L. González Gullón)

27 Nov, 2006por cdl

La segunda

República comenzó de modo pacífico el 14 de abril de 1931. Pasados los primeros

días de incertidumbre, la Santa Sede indicó a los católicos españoles que

aceptaran el nuevo régimen constituido. Este principio fue acatado por los

obispos y transmitido a los fieles. Por su parte, el Gobierno provisional

agradeció el gesto amistoso y anunció que sólo deseaba establecer la separación

entre Iglesia y Estado.

Pronto las

relaciones de la Iglesia y el régimen republicano se vieron enturbiadas.

Algunos miembros del Gobierno provisional y otras personalidades pertenecientes

a partidos republicanos y socialistas, así como anarquistas y comunistas, se

manifestaron contra el estatuto que mantenía la Iglesia católica en el país.

Con este trasfondo, el cardenal de Toledo, Pedro Segura, escribió una pastoral

el 1 de agosto en la que, además de añorar la monarquía de Alfonso XIII, decía

que España atravesaba una situación "grave". La ausencia de homogeneidad en las

respuestas que dieron algunos obispos a los interrogantes que planteaba la

República causaron desconcierto y agitación política.

Un mes más tarde, el cardenal Segura y el obispo de Vitoria, Mateo Múgica,

fueron desterrados por el Gobierno provisional.

Del 11 al 13

de mayo, obreros de filiación política de izquierda quemaron en diez ciudades

españolas 107 conventos e iglesias católicos. La pasividad inicial del Gobierno

para repeler los desmanes, y la posterior ausencia de petición de

responsabilidades, hicieron que muchos católicos desconfiaran de las

autoridades republicanas y pusieran su confianza en que la futura Constitución

amparara sus derechos religiosos.

El 9 de

diciembre de 1931 fue aprobada la Constitución de la República española.

Algunos artículos parecían necesarios y acordes con la nueva democracia

instaurada, sobre todo en aquello que hacía referencia a la separación Iglesia

y Estado. Otros, en cambio, fueron muy discutidos por los católicos y también

por intelectuales republicanos ajenos a la Iglesia. El artículo 26 –que generó

gran polémica durante su debate parlamentario y originó la retirada de las

Cortes Constituyentes de los diputados católicos, con la correspondiente crisis

de gobierno– sancionaba el pensamiento anticlerical de diversos políticos:

establecía la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus

bienes; la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas; y el fin de

los presupuestos estatales destinados al Clero y al culto católicos.

Durante los

años 1932-1933, se sucedieron gobiernos de izquierda presididos por el

republicano Manuel Azaña, en colaboración con los

socialistas. La aprobación de las medidas previstas en la Carta Magna

–disolución de la Compañía de Jesús, ratificación del divorcio, secularización

de los cementerios, aprobación de la ley de control de las órdenes religiosas

que suspendía algunas libertades civiles de sus miembros– no hicieron más que

enardecer los ánimos de los políticos y de la prensa de derechas. Por otra

parte, los planteamientos tradicionalistas imperaban en la mente de muchos

católicos, con soluciones culturales que dejaban poco espacio a la libertad

personal. Este clericalismo chocaba con un no menos transigente laicismo que

deseaba reducir la fe a la esfera subjetiva de los individuos o anularla por

completo.

La Jerarquía y

el clero católico trataron de adaptarse al nuevo modus
vivendi –el Concordato suscrito entre España y

la Santa Sede en 1851 era papel mojado desde la aprobación de la Constitución

republicana– y se crearon o impulsaron nuevas acciones destinadas a

contrarrestar las medidas que, a su entender, lesionaban sus derechos. Las

disposiciones más importantes fueron: la erección de una caja central en cada

diócesis para pagar al clero; el seguimiento de la enseñanza de la religión

católica en las parroquias para compensar el déficit formativo que podía

originarse en las escuelas públicas; el impulso notable de la Acción Católica

como modo de penetración social del pensamiento y de la fe cristianas a través

de los bautizados laicos.

El triunfo de

las candidaturas de centro y de derecha en las elecciones de noviembre de 1933
class=GramE>pusieron fin a las reformas de carácter anticlerical y

laicista. La CEDA, partido de orientación cristiana de derechas, dejó en

suspenso la ley de congregaciones y órdenes religiosas, de modo que éstas

mantuvieron sus colegios y la enseñanza de la religión. En cambio, no se

modificaron sustancialmente el conjunto de leyes aprobadas en el bienio

anterior porque se deseaba antes establecer conversaciones con la Santa Sede

con el fin de firmar un nuevo Concordato.

Durante la

revolución de Asturias en octubre de 1934, treinta y tres religiosos y

sacerdotes fueron asesinados por obreros y sindicalistas. De nuevo el laicismo

intelectual –algunos de los artífices de la revolución habían sido los

socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto– daba paso a la acción

violenta de las masas anticlericales. Tras los escándalos políticos de 1935,

las elecciones de febrero de 1936 otorgaron la victoria al Frente Popular, que

unía una amplia coalición de partidos de izquierda. Desde ese mes, el desorden

público fue algo frecuente en muchas ciudades españolas; diversos presbíteros,

religiosos e iglesias padecieron ataques violentos. Nada más proclamarse la

guerra civil el 18 de julio de 1936, algunos elementos extremistas, amparándose

en una pretendida legalidad revolucionaria, asesinaron a clérigos y laicos

católicos por el mero hecho de ser creyentes.