Nadie debería morir...

Nadie debería morir… por falta de recursos económicos. Esta es la tesis que desarrolla la presente novela, primera de su autor. Se publicó en los Estados Unidos en 1958 y alcanzó un éxito instantáneo. A principios del siglo XX la sanidad en ese país estaba en manos de las autoridades locales. Estas mantenían Hospitales donde se atendía a los pacientes de pago y también a un porcentaje de enfermos sin recursos. El sistema permitía a los políticos mangonear los nombramientos sanitarios y determinar el nivel de los servicios gratuitos que podían prestarse en función de los recursos económicos disponibles. Pronto se comprueba que el sistema resulta inoperante cuando se produce una epidemia o en el seno de la Gran Depresión, cuando las familias sin recursos se multiplican. Frank G. Slaughter –médico y cirujano él mismo- propone el que denomina Plan Warren. A él se refiere en la novela y lo incluye después en un Apéndice. El Plan divide la población en tres grupos en función de sus niveles de renta: A) Atención sanitaria gratuita para aquellas familias que perciban una renta anual inferior a 1.000 dólares (son cantidades de 1958). B) Atención concertada a través de los seguros médicos para aquellas familias que cuenten con una renta anual de entre 1.000 y 3.000 dólares. C) Atención íntegramente de pago, con elección de centro, para los perceptores de una renta anual superior a los 3.000 dólares. La novela constituyó un éxito, pero el hecho de que cincuenta años después se siga discutiendo en los EE.UU. sobre la atención médica universal demuestra la dificultad del problema. El llamado Plan Warren tiene de bueno que discrimina la gratuidad en función del nivel de renta del beneficiario. La Sanidad no debe ser gratuita para aquellos que puedan pagarla por sí mismos o a través de los seguros médicos. En Europa las tendencias socializantes han establecido una sanidad universal y gratuita pero los problemas se mantienen: Insostenibilidad económica a largo plazo; mentalidad funcionarial de aquellos que participan en el sistema a cualquier nivel, sean médicos, administrativos o administradores; y, fundamentalmente, la ausencia de unos criterios que permitan medir la relación calidad/precio de los servicios sanitarios públicos y plantear posibles alternativas. La sanidad exclusivamente pública supone una apuesta ideológica que ignora el principio de subsidiariedad: Lo que puedan hacer la sociedad y el mercado a través de sus mecanismos propios no debe hacerlo el Estado. Éste debe intervenir sólo para regular e inspeccionar la calidad de los servicios, así como suplir la iniciativa social y del mercado en los casos en los que éstos no actúen.