En las últimas semanas Benedicto XVI ha hablado
del matrimonio y la familia, sin adjetivos, porque sólo puede haber una; lo
demás son imitaciones que deben desecharse a favor de la auténtica, como
hacemos con cualquier realidad en el mercado. El Papa viene recordando que «la
familia natural, comunión íntima de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio
entre un hombre y una mujer, constituye el lugar primario de humanización de la
persona y la sociedad.
Desgraciadamente –añadía- vemos a diario qué
insistentes y amenazadores son los ataques e incomprensiones contra esta
importantísima institución humana y social». En España, además tenemos motivos
para entender esta insistencia suya y el detalle para explicar qué es una
familia y un matrimonio, pues llevamos tiempo sumergidos
en la ceremonia de la confusión creada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y
los medios que le sostienen. En el fondo de este debate global están los
derechos humanos, cosa en que todos estamos de acuerdo, pero sólo
aparentemente, como lo demuestra el hecho de que no llegan a un acuerdo sobre
el derecho a la vida de los embriones humanos.
Pero además, está en el vórtice del huracán la
misma ley natural que para algunos está pasada de moda y cifran sus pequeñas
esperanzas en el consenso de una democracia simplemente procedimental: basta
que se cumpla la débil mayoría por un puñado de votos, incluso de tránsfugas,
para que salga una ley, y la sociedad la acepte como moralmente buena: si es
legal es moral, si se puede hacer se hace. La manipulación y destrucción de
embriones es una muestra de ello.
La realidad es que en esas materias tan
importantes el actual Gobierno socialista lleva cuatro años introduciendo leyes
lesivas para la el matrimonio y la familia, la vida y la educación. Los
resultados están a la vista cuando vemos que se deshacen más matrimonios que
nunca amparados en el llamado divorcio exprés, una bandera del Gobierno; cuando
vemos que crece el número de abortos, cien mil en el último año, burlando la ley
que lo considera un delito contra la vida, aunque ya se oyen voces para una ley
de plazos que convertiría el delito en derecho de la mujer; o cuando padecemos
la asignatura obligatoria de Educación para la ciudadanía, conocida como
educación en el espíritu laicista para borrar en los jóvenes cualquier atisbo
de trascendencia.
Una asignatura que viene a desarrollar aspectos
de la nueva Ley de Educación (LOE) impuesta a la comunidad educativa, de
espaldas a los padres, y sin lograr un consenso social suficiente con la
sociedad y las fuerzas políticas. No es fácil ver cómo cuadra este tsunami
legislativo con nuestra Constitución cuando dice que los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
(Art. 27, 3). Algo que acaba de ser ratificado en el Tratado de Lisboa casi con
las mismas palabras y que obliga a los países de la Comunidad Europea.
Por cierto, que se ha firmado en un monumento de
primera categoría de la capital lusa: el Monasterio de San Jerónimo, una
muestra del esplendor del arte cristiano que vitaliza la cultura de Europa. Mal
que les pese, todo esto choca con la Constitución cuando establece ciertamente
y para bien que ninguna confesión tendrá carácter estatal ( de ahí la
class=SpellE>aconfesionalidad), pero también que los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás
confesiones (Art. 16, 3) ¿Alguien ha visto algo de esto durante cuatro años y
especialmente desde la Jornada festiva de la familia el pasado 30 de diciembre?
Jesús Ortiz López
Para leer
más:
Herrero, M.; Naval, C. (2006)
style='mso-bidi-font-style:normal'>
href="http://www.clubdellector.com/cajaazul.php?tema=2007&titulo=Lo%20más%20interesante%20del%202007">Educación
y ciudadanía en una sociedad democrática, Madrid, Encuentro.