El sistema penal del siglo XX

El profesor Granados comienza recordando que: “En honor a la verdad, el Código penal de 1870 fue, en realidad, una reforma del Código de 1848, una especie de código revisado, que trataba de enmendar las modificaciones conservadoras de 1850 y adecuar el texto a los principios de la Constitución progresista de 1869” (203).

Desde allí el derecho penal continuará su andadura, con pequeños retoques, hasta la constitución de 1932, en la Segunda República, a la que nos vamos a referir ahora con un poco de detenimiento (205).

Lógicamente, la llegada la Segunda República y su peculiar Constitución y sistema democrático, contenía una aparente convivencia que terminó de romperse del todo, bruscamente, el 18 de julio de 1936, con una dinámica de partidos y sindicatos obreros que no representaban la realidad social y política de España como tampoco la de su ordenamiento jurídico.

Era completamente previsible que el Código penal variara y de hecho se publicó un texto muy pronto, el 5 de noviembre de 1932, en espera de realizar un código de nueva planta teniendo en cuenta la falsedad del hemiciclo respecto a la realidad de España por lo que era la oportunidad para la izquierda global, que era la mayoría del parlamento para hacer los cambios de envergadura que tardaría muchos años en volver a poder hacerse.

Lo primero que se hizo fue revisar el Código de 1870 con los retoques de las leyes del dictador Primo de Rivera y aplicarles “unos principios humanitarios” (209), como, por ejemplo, la tipificación del asesinato o la supresión de la pena de muerte, la elevación de la edad penal a los 16 años y la tipificación de la enfermedad mental como eximente en una causa (210).

Lógicamente, al convertirse España en un estado republicano con separación Iglesia y Estado, desaparecerán los delitos morales como el adulterio o todas las referencias a la monarquía.

Lógicamente, la llegada de la democracia trajo un nuevo sistema penal que vería la luz, fuertemente renovado en 48 artículos del Código penal en 1984, con el PSOE en el gobierno para un “mayor rigor en el control del delito y una mejor gestión del sistema penitenciario” (229).

Finalmente, en 1995, todavía con el PSOE en el gobierno se creó el Código penal de la democracia con un amplio consenso en la cámara. Aumentó la dureza de algunas penas junto con un aumento de la reducción de las mismas por buena conducta y por trabajo. Es decir, se buscaba la reintegración social (230).

José Carlos Martín de la Hoz

Juan Granados, Delito y castigo en España, Del talión a nuestros días, Arzalia ediciones, Madrid 2023, 251 pp.