La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939)

Con ponderación y rigor, sin filias ni fobias, el autor analiza las llamadas responsabilidades históricas de la Iglesia , documenta el conflicto República-Iglesia y ofrece los datos y características de la persecución.

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1999 Rialp
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Se pregunta el historiador Vicente Carcel por las causas de la persecución religiosa en España en el periodo 1931-1939. Dos corrientes confluyeron en el nacimiento y desarrollo de la II República española: una burguesa e intelectual representada por los partidos republicanos y nacionalistas y una corriente revolucionaria representada por los sindicatos y los partidos de izquierda, cuyo modelo era la Unión Soviética. Si era impensable que la república burguesa y europea desencadenase una persecución religiosa sangrienta, era imposible que la facción revolucionaria no lo hiciera. Desde el principio esta segunda corriente fue por delante: quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, ensayo revolucionario en Asturias en 1934 con 34 sacerdotes muertos e iglesias destrozadas, entre ellas la Catedral de Oviedo, y finalmente, en 1936, iniciada la guerra civil, cierre o destrucción de todos los templos y asesinato de más de 7000 personas consagradas, entre ellas 11 Obispos. Sobre la Constitución republicana señala Carcel como las Cortes constituyentes de 1931 eran escasamente representativas de la realidad del país; elegidas por un sistema mayoritario, los partidos de izquierdas tenían una presencia superior a la que les correspondía en un país dividido entre monárquicos y republicanos. La nueva Constitución estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, suprimió el presupuesto económico para el clero, prohibió a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza y expulsó de España a la Compañía de Jesús nacionalizando sus bienes. Otras cuestiones menores incidían en la vida diaria de los católicos: Se pusieron todos los cementerios bajo la autoridad civil dificultando los entierros religiosos, se prohibieron las manifestaciones públicas de religiosidad -las tradicionales procesiones- que debían ser autorizadas en cada caso por el Gobierno, se suprimió el crucifijo en las escuelas y hasta llegó a cobrarse una tasa municipal por tocar las campanas en las iglesias. Historiadores republicanos como Madariaga o Sánchez Albornoz señalan como la República se centró en la política religiosa teniendo España problemas mucho más importantes como era la reforma agraria. Una vez iniciada la contienda y las matanzas generalizadas, los Obispos supervivientes, reunidos en la zona nacional, publicaron una Carta colectiva del Episcopado en la que proclamaban el alzamiento militar como una "cruzada" contra el comunismo. Esta Carta ha sido criticada por suponer una Iglesia beligerante; de hecho la Iglesia española pidió perdón por ello en los años setenta, al embocar la Transición política. Carcel Orti disculpa la Carta colectiva como una reacción de los Obispos frente a persecución y los asesinatos. Mientras tanto, en el otro bando, el autor cuenta los esfuerzos del Ministro de Justicia, el nacionalista vasco Manuel de Irujo, por conseguir que volvieran a abrirse los templos y reanudar las relaciones diplomáticas con el Vaticano; el Pontífice, Pio XI, se negó a ello. La persecución religiosa remitía por temporadas y Carcel cuenta como en las grandes ciudades los sacerdotes trabajaron clandestinamente sin que la Policía les molestase; sin embargo tambien cuenta como el último Obispo fusilado, el de Teruel, lo fue apenas un mes antes de que terminase la guerra, en febrero de 1939; y es que había milicias que infringían impunemente la política gubernamental. Subsiste la pregunta sobre si todos los Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados fueron mártires independientemente de su aceptación del martirio o, como algunos han pretendido, fueron víctimas civiles de la represión de uno de los bandos. El autor explica que la Teología considera mártires a aquellos que han sufrido una muerte injusta por odio a Dios o a la religión. Los católicos asesinados en la guerra civil murieron injustamente -no habían hecho nada para merecer la muerte- y lo fueron por odio a la religión, luego se concluye que fueron mártires. ¿Qué decir de los catorce curas vascos fusilados por los militares por alentar el nacionalismo y la resistencia contra el alzamiento? Murieron injustamente, luego fueron mártires, pero mártires del nacionalismo no de la religión. Igual cabe decir de los militares, algunos católicos como el General Escobar, que se negaron a sumarse a la rebelión y fueron fusilados por ello; de los maestros republicanos que fueron asesinados en la retaguardia o represaliados después de la guerra; de los políticos republicanos que se encontraban en la zona nacional, como el democristiano catalán Carrasco i Formiguera e incluso de los que fueron asesinados arbitrariamente como el poeta Federico García Lorca. Murieron injustamente y por lo tanto fueron mártires del odio contra un régimen político. En conclusión: La II República española fue sectaria, producto de los movimientos sociales de la época, aunque luego hayan querido presentarla como moderna y democrática, y desencadenó una persecución religiosa, primero jurídica y después sangrienta; se produjo un número amplio de víctimas injustas en ambos bandos, entre las que se encontraron los que fueron eliminados por sus creencias religiosas, a éstos la Iglesia católica los ha declarado mártires de su fe.