El duelo y la revancha

El autor dedica muchas páginas a tratar sobre la cuestión de las llamadas “fosas comunes”, en las que todavía estarían enterrados los restos de 7.000 republicanos asesinados por las fuerzas rebeldes durante la Guerra civil. El título de la obra hace referencia a las dos actitudes que caben ante el fenómeno de los desaparecidos. Por un lado la de las familias que necesitan cerrar el duelo por sus seres queridos y saberlos enterrados dignamente; por otro la de los que desean poner sobre la mesa setenta años después la figura de los republicanos asesinados, a fin de dejar sin efecto la reconciliación entre españoles operada a partir de 1975. Entre ese año y 1978, año en el que se aprobó la Constitución democrática, la voluntad mayoritaria de la sociedad española y de los partidos políticos puso en marcha un sistema político que quiso ser equilibrado, a fin de evitar en lo sucesivo enfrentamientos entre españoles. No volver a cometer los viejos errores. Sin embargo para determinadas personas, entre los que se cuenta el actual secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el franquismo y sus crímenes nunca fueron suficientemente juzgados ni sus víctimas reconocidas. Entienden que se ha fomentado un olvido culpable sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por un régimen político desde 1936, y que ese olvido se materializó en las leyes de amnistía para delitos de intencionalidad política aprobadas en 1976 y 1977. Si es verdad que éstas beneficiaron fundamentalmente a los opositores al franquismo –incluso aquellos que tenían delitos de sangre- simultáneamente impidieron juzgar a los franquistas, fueran militares, civiles, policías o jueces; no se realizó una “depuración” similar a la que hizo el franquismo después de la guerra civil con aquellas personas sospechosas de ser simpatizantes con las ideas republicanas y de izquierdas. Para estos revisionistas, la democracia actual sería la continuación de la legalidad republicana con el lapso obligado de la guerra civil y del franquismo, y consideran que los monumentos levantados por el franquismo, tales como la Basílica del Valle de los Caídos, permanecen en pie, mientras que los republicanos asesinados yacen enterrados en cunetas y fosas comunes. Leguina califica esta actitud como revanchista e irresponsable. Afirma que la democracia implantada en España a partir de 1975 no debe nada al antiguo régimen republicano, sino que es un sistema político nuevo dirigido precisamente a evitar los errores que dieron lugar a la guerra civil. Exigir responsabilidades ahora por un régimen desaparecido sería poner en duda el valor democrático y pacificador de la Transición política y de las personas que la realizaron, entre ellos el propio autor. Además de la Ley de Memoria Histórica el autor reprocha al “nuevo socialismo” de Rodríguez Zapatero otras medidas que considera perjudiciales para el país como el llamado “federalismo asimétrico”, propugnado por el Partido Socialista en Cataluña y que el Presidente hizo suyo; o el feminismo basado en el enfrentamiento entre los sexos. Concluye el autor afirmando que un sectarismo no justifica otro posterior, y que serán los historiadores los que habrán de juzgar lo sucedido en España entre 1931, fecha de la proclamación de la República, y 1978, año en el que se aprobó la nueva Constitución democrática.