Los últimos veinticinco años han sido un periodo especialmente significativo en la evolución de la política criminal española. Finalmente, casi veinte años después de la instauración de la democracia, se consiguió aprobar un código penal que pretendía acomodarse a las nuevas realidades sociales, políticas y criminológicas de nuestro país. Sin embargo, solo tres años más tarde entró en una dinámica de frecuentes e incesantes reformas, que continúan todavía.
